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Expansión
PREVISIONES ECONÓMICAS DE PRIMAVERA/ La Comisión Europea ha elevado tres décimas las estimaciones para la economía española, tanto para 2018 como 2019. El Ejecutivo comunitario augura un alza del 2,9% y del 2,4%, respectivamente.
La Comisión Europea presenta hoy sus previsiones macroeconómicas de primavera, y según ha podido comprobar EXPANSIÓN, al Gobierno español le aguardan una buena noticia, otra mala, un atenuante y un agravante.
La buena noticia es muy buena. Bruselas revisa significativamente al alza los datos de crecimiento para este año y el que viene: hasta el 2,9% en 2018 y el 2,4% en el 2019. Esto son tres décimas más que en las previsiones de febrero en cada uno de los casos, lo que permite al Ejecutivo comunitario seguir mejorando sus estimaciones para la tasa de desempleo (que bajará del 14% en 2019) y prever una subida moderada de los salarios para los próximos dos años (la remuneración de los trabajadores aumentará el 1,1% y del 1,6%, respectivamente).
Con estas perspectivas, la Comisión Europea se sitúa como el organismo nacional e internacional más optimista con España. El propio Gobierno, que envió el lunes pasado a Bruselas el Programa de Estabilidad y Crecimiento, prevé crecer al 2,7% este año y al 2,4% el que viene. El Fondo Monetario Internacional, que justo hace unas semanas elevó significativamente las previsiones de crecimiento para España, las dejó en el 2,8% y el 2,2%. El Banco de España, por su parte, que actualizó su cuadro macroeconómico en marzo, proyectó un incremento del PIB del 2,7% en 2018 y del 2,3% en 2019. La OCDE es, con diferencia, la más pesimista, aunque se debe probablemente a que su última previsión sobre la economía española se realizó en noviembre de 2017. En ese momento auguró un crecimiento del 2,3% y del 2,1% para España en los dos años siguientes.
UN DÉFICIT ESTRUCTURAL
Pero no todo son buenas nuevas. La mala noticia es que el déficit público va a quedar en el 2,6% del PIB, cuatro décimas por encima del objetivo marcado, y que la variante estructural de esta ratio (la que trata de medir el equilibrio entre los ingresos y los gastos públicos independientemente del ciclo económico) empeorará este año hasta el 3,3% desde el 3% actual, para quedarse en el 3,2% en 2019.
En la práctica, esto quiere decir que el Gobierno ha dejado la consolidación fiscal en el piloto automático de la recuperación, encomendándose a las subidas de ingresos y los recortes de gastos que llegan con la inercia del crecimiento del PIB. La Comisión, por su parte, lleva años urgiendo al Gobierno una corrección del déficit estructural, para sanear definitivamente las cuentas públicas y blindarlas en lo posible ante una eventual recesión.
Pero en este asunto del déficit el Gobierno tiene un atenuante al que agarrarse. Aunque ese 2,6% superará por cuatro décimas el objetivo marcado por Bruselas, también es cierto que quedará bien por debajo del límite del 3% que fija el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Gracias a ello España debería salir del programa de vigilancia intensiva para países con déficits públicos demasiado elevados. Lo que en Bruselas se conoce como el brazo corrector del Procedimiento de Déficit Excesivo de la UE.
Y aquí es donde entra en juego el agravante: la subida de las pensiones anunciada por el Gobierno, valorada en 1.500 millones de euros este año y 1.800 millones el que viene. La medida aún no ha sido contabilizada por la Comisión, porque todavía no ha sido adoptada formalmente, pero cuando lo haga añadirá cerca de 1,2 puntos al déficit de este año y 1,5 puntos al del que viene.
EN MANOS DE GOOGLE
Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, asegura que este incremento de gasto va a financiarse con una serie de impuestos de inspiración europea. Una tasa digital a multinacionales como Google, Airbnb o Facebook debería recaudar 600 millones este mismo año. A partir de 2019, espera 900 millones de otros impuestos sin especificar.
El riesgo para el Gobierno es que estas cuentas no salgan y esos impuestos, bien no se aprueben con la rapidez esperada, bien recauden menos de lo previsto. Y en cuestiones impositivas, unos ingresos por debajo de las expectativas iniciales no sería precisamente una rara avis.
Por ejemplo, si por alguna razón no se puede sacar adelante en el Congreso el impuesto digital, o su aplicación se retrasa hasta el ejercicio de 2019, esos 600 millones de euros con los que cuenta Montoro para financiar parte de la subida de las pensiones no van a estar ahí. Y esos 600 millones son, grosso modo, unas cinco décimas del PIB.
Eso querría decir que, sin los ingresos de la tasa digital, el déficit español volvería a situarse sobre el 3% y se retrasaría de nuevo la salida de la UCI fiscal europea.