El pacto de sindicatos y patronal allana una subida salarial de hasta el 9 % en tres años
La Voz de Galicia
Sugieren a las empresas un incremento lineal del 2 % cada ejercicio y otro 1 % ligado a resultados
Después de 18 meses de negociaciones plagadas de altibajos, y una ruptura materializada hace un año, los sindicatos mayoritarios (CC.OO. y UGT) y la patronal (CEOE y Cepyme) cerraron ayer el cuarto acuerdo para el empleo y la negociación colectiva, que incluye las bases para las subidas de sueldo de los trabajadores en los tres próximos años.
Los agentes sociales acordaron un incremento fijo de un 2 %, poniendo fin, al menos sobre el papel, a los duros años de ajustes en las nóminas como consecuencia de la crisis. Estas alzas podrán llegar al 3 % si se aplica la parte variable pactada de otro 1 %, que estará ligada a la situación por la que atraviese cada empresa. En concreto, se vincula a conceptos como la «productividad, los resultados, el absentismo injustificado» y otros factores que acuerden ambas partes en cada sociedad.
Es decir, si las empresas siguen las recomendaciones de este acuerdo -que no es de obligado cumplimiento-, los salarios subirán en los tres próximos años desde un mínimo del 6 % hasta un máximo del 9 %. Sin embargo, el documento no incorpora la cláusula de garantía por la que las compañías se habrían comprometido a elevar los sueldos más allá de esas referencias si la inflación se desboca, para que los asalariados no pierdan poder adquisitivo. Esta fue una de las fricciones que llevó a los sindicatos a acabar con las negociaciones el año pasado.
1.000 euros, lo mínimo al mes
En cualquier caso, el Banco de España prevé que la inflación suba un 1,4 % este año, un 1,5 % el próximo y un 1,7 % en el 2020. Estimaciones que, de cumplirse, ni siquiera alcanzarían el alza mínima pactada. El texto se limita a indicar que cada convenio «podrá establecer mecanismos de revisión salarial» teniendo en cuenta «los indicadores que en cada caso estimen» las partes, sin obligar a referenciarlos al IPC. Los líderes de CC. OO. y UGT sí han conseguido que los empresarios acepten recomendar que el salario mínimo en convenio suba hasta los 1.000 euros al mes en 14 pagas en el horizonte del 2020. De esta forma, la subida se acompasaría a la prevista por el anterior Gobierno para el salario mínimo interprofesional, que ahora está en 735 euros.
El documento consensuado por los agentes sociales, que ahora deberá ser sometido a consulta y votación de todas las organizaciones para hacerlo efectivo, también incluye todo un reguero de recomendaciones que dirigen sus miradas al Ejecutivo, necesario para poder sacar adelante determinadas modificaciones legales que desean sindicatos y patronal.
Los empresarios han conseguido plasmar una de sus históricas demandas, la necesidad de auditar el absentismo laboral. Para ello, se creará un observatorio que emitirá un informe a partir del cual se puedan realizar pruebas piloto que permitan «mejorar» las situaciones de ausencia en el trabajo «no deseadas». Además, consiguen que los agentes sociales insten al Gobierno a modificar la ley para que se pueda extinguir el contrato de trabajo con un empleado que está en disposición de jubilarse, pero que no lo hace, extendiendo su vida laboral más allá de los 65 años y medio, siempre que el empleado tenga derecho al 100 % de la pensión. Lo hacen para «facilitar el relevo generacional», indica el texto, junto con otra medida que aboga por recuperar el contrato de relevo ligado a la jubilación parcial.
Impedir recortes laborales
Las organizaciones sindicales han conseguido que el acuerdo incluya la cuestión de las subcontratas y las condiciones laborales que sufren muchos de sus trabajadores, como ocurre con las camareras de piso. Así, el pacto insta a modificar el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, referido a la externalización de servicios, para «garantizar las condiciones laborales» en estos procesos de descentralización.
Además, proponen desarrollar una nueva medida dirigida a garantizar los puestos en compañías en dificultades económicas, para que opten por reducir las jornadas y propiciar «modelos de flexibilidad interna pactada» en vez de recurrir al despido de trabajadores. También quieren establecer un marco de diálogo para alcanzar un acuerdo en materia de Formación Profesional, abrir el sistema a nuevas fórmulas de asignación de recursos o simplificar el mecanismo de impartición de los cursos.