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Los agentes sociales declaran la guerra al avance de las empresas multiservicios

Faro de Vigo

 

Sindicatos y patronal se reunirán con el inspector de trabajo ante su repunte en el metal pontevedrés

Ceden empleados a otras firmas con condiciones peores que el convenio

Realizan la misma función en la empresa, trabajan las mismas horas y hasta llegan a compartir uniforme de trabajo, pero se les puede identificar por su salario: cobran entre un 15% y un 20% menos que el resto de sus compañeros. Son los trabajadores de las empresas multiservicios. Del papel casi testimonial que tenían en las plantillas hace algo más de un lustro, este colectivo ha ganado peso hasta convertirse en uno de los principales protagonistas en unas negociaciones colectivas que intentan que centran cada vez más esfuerzos en contener su avance.

El cerco a las empresas multiservicios fue uno de los puntos más destacados del convenio del metal pontevedrés, aunque las denuncias por incumplimiento han llevado a la comisión paritaria a acordar una reunión a lo largo de esta semana con el jefe de Inspección de Trabajo de Pontevedra, José María Casas de Ron, para evaluar qué medidas adoptar para detener este avance.

Las empresas multiservicios surgen en los últimos años como una versión 2.0 de las empresas de trabajo temporal (ETT). Tras el último cambio normativo, los trabajadores pertenecientes a las ETT ya están obligados a percibir los mismos salarios que los de aquellos que forman parte de la plantilla de las empresas cliente. Pero todo el atractivo que perdieron estas empresas lo han ganado, por el contrario, las empresas multiservicios, que amplían cada vez más su área de influencia.

El principal foco de preocupación gira en torno a la capacidad de las empresas multiservicios para dar esquinazo a los convenios propios de los sectores en los que operan. Los trabajadores en plantilla de las empresas multiservicios no se rigen ni por el convenio de empresa del cliente al que son cedidos ni tampoco por acuerdos sectoriales o autonómicos. Lo hacen por el de la propia empresa multiservicios que fija sus propias reglas hasta donde el salario mínimo interprofesional lo permita.

La razón se encuentra en el vacío legal que todavía rodea a estas firmas. Y es que, a diferencia de las ETT, que, como indica su nombre, ceden trabajadores para desarrollar actividades de forma temporal (con contratos con fecha de caducidad), las empresas multiservicio no ponen a disposición de otra empresa a sus trabajadores. Lo que hacen es ofrecer y gestionar ellas mismas la prestación de estos servicios, lo que les permite regirse por sus propios acuerdos colectivos.

Los sindicatos calculan que esta desligación de los convenios colectivos se traduce en salarios entre un 15% y un 20% inferiores al resto. «Ofrecen sueldos que apenas son lo que estipula el salario mínimo interprofesional y unos pocos euros más y, además, buena parte de estos contratos son a jornada parcial, lo que hace que los salarios acaben siendo todavía más reducidos», critica Celso Carnero, secretario general de Industria de CC OO en Vigo.

«La problemática es que ofrecen prácticamente todo tipo de servicios, desde ingeniería, hasta logística o control de calidad. Todo lo que uno se pueda imaginar» explica Celso Carnero.

Según los cálculos elaborados por la sección de industria de Comisiones Obreras, solo tres de las principales empresas de multiservicios que existen a nivel estatal (Ilunion, ESC Servicios Generales y Adecco Outsourcing) suman ya un total de 38.500 empleados en el conjunto del territorio español.

Avance reciente

Los sindicatos marcan como punto de inflexión en el avance de estas empresas los cambios regulatorios del año 2012. En concreto, apuntan como desencadenante de esta situación a uno de los puntos de la reforma laboral, en el que se da prevalencia a los convenios de empresa sobre los de ámbito superior (como los sectoriales, provinciales, autonómicos o estatales), lo que permite que los convenios de las empresas multiservicios pesen más que el resto.

«Los convenios de empresa antes eran una herramienta para salir del paraguas de los de ámbito mayor y mejorar las prestaciones económicas y laborales. Ahora es justo al contrario», sentencia Rubén Pérez, secretario general de UGT-FICA Vigo. «Es necesario que se legisle para acabar con esta situación y devolver la negociación colectiva al estado en el que se encontraba antes de la reforma laboral», argumenta Pérez.

El convenio de ESC Servicios Generales recoge que el salario base va de los 9.324 euros anuales para los trabajadores del grupo 5, la escala inferior en donde se incluyen desde telefonistas hasta encargados de almacén a los 11.382 euros anuales del grupo 2, el segundo mayor en la escala jerárquica, en donde se incluyen a los mandos intermedios.

Solo los directores y directores generales de esta firma multiservicios superaban la barrera de los 1.000 euros medios al mes, con 14.182 euros al año. Sin embargo, ni los empleados mejor retribuidos de esta empresa logran batir en salarios a los peones y vigilantes que trabajan en el sector del metal en Pontevedra. Estos trabajadores, que forman parte de la categoría más baja de este convenio, cuentan con un sueldo anual de 16.884 euros, según lo establecido en el convenio del sector en la provincia.

Las quejas por el avance de las empresas multiservicio no vienen solo por la capacidad que tienen para ofrecer menores salarios que el resto de trabajadores, sino también por adulterar las reglas de la libre competencia.

«Hay empresas que forman parte de Asime y que están teniendo que competir con otras que sí que recurren a las empresas multiservicios y eso lo que acaba provocando no es otra cosa que una situación de competencia desleal», denuncia Enrique Mallón, secretario general de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia (Asime).

El recurso a este tipo de firmas por parte de ciertas compañías les permite trabajar con costes laborales más reducidos que los de aquellas empresas que renuncian a este recurso. Un movimiento que les allana el terreno a la hora de pujar por determinados contratos y que siembra recelos en la industria. «Nosotros lo que queremos es que compitan con al menos las mismas condiciones, que se cumpla el convenio colectivo y que se respete la legalidad», recalca Mallón.

 

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