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La reforma fiscal del automóvil arrancará el próximo año

[Vía: El Mundo]

Antes debe decidirse cómo afectará el sistema WLTP al Impuesto de Matriculación

La reforma fiscal que durante tanto tiempo viene reclamando el automóvil en España debería arrancar de 2019. O, al menos, quedará dibujado su desarrollo. Así se desprende de las declaraciones hechas a TVE por Raúl Blanco, secretario general de Industria y Pyme, cuando aseguró que «su ministerio trabaja actualmente con el sector del automóvil y con otros ministerios para establecer una senda fiscal en el próximo año». Aunque no se ha creado ningún grupo de trabajo al respecto.

Estaba previsto que ese cambio impositivo se hubiera llevado a cabo este año, siempre condicionado a la negociación de la financiación de las CCAA –la parte más complicada– y de los Ayuntamientos, ya que las primeras recaudan el Impuesto de Matriculación y las segundas, el de Circulación. En este contexto, las demandas de la industria se han centrado en la eliminación del primer tributo y el traslado de su carga al segundo, reformulado según el nivel de contaminación. Hoy, se barema en función del combustible, la cilindrada y la potencia fiscal.

Todo este panorama se va a ver trastocado a lo largo de los próximos meses, cambiando el escenario de la negociación. Por un lado, el Ejecutivo tiene previsto incrementar desde el año que viene la presión fiscal sobre el diésel hasta equipararla con la gasolina. El plan es lograrlo en tres años. Pero eso ya supondría obtener otros 700 millones anuales de un sector que en 2017 aportó más que nunca a las arcas públicas por los impuestos al combustible: 10.881 millones, de los que 7.046 millones vinieron del diésel.

Aunque el gran escollo reside en desde cuando, y de qué manera, se aplican al Impuesto de Matriculación los valores de emisiones que resulten del protocolo de medicion WLTP que entra en vigor el 1 de septiembre y será obligatorio para todos los coches nuevos.

Al realizarse bajo unas condiciones mucho más realistas (incluyendo pruebas en carretera), esta medición supondrá valores más elevados de CO2. El año pasado, el 70% de los coches que se vendieron quedaron

exentos de pagar aquel impuesto al emitir 120 gramos de CO2 por kilómetro o menos. Si el WLTP se aplica desde septiembre con ese umbral, el giro sería de 180 grados: el 70% de los automóviles pasarían a tener que abonar el impuesto. Como poco, un 4,75% que es el tipo mínimo, con un encarecimiento medio que se estima entre 700 y 2000 euros por coche.

El anterior Ejecutivo ya se comprometió a no aplicar los nuevos valores del WLTP en cuanto a la tributación hasta 2019. Lo que se discute ahora es ampliar ese periodo uno o dos años. Lo cual no tiene nada que ver con el cuello de botella que se está formando por la imposibilidad de homologar todos los vehículos antes de septiembre. O con que otros sean descatalogados porque no cumplirán los límites que se fijan en la Euro 6.

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