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Galicia se consolida en cabeza de la economía sumergida en España con 12.400 millones

Faro de Vigo

 

Solo en Canarias y Andalucía el impacto es mayor

Los expertos lo vinculan a la gestión tributaria y a sectores más proclives

Tan complicado es el problema de la economía sumergida que cuesta hasta cuantificar con exactitud su impacto, sobre todo a escala autonómica. No se ve. Y no existen métodos específicos para calcularlo. Los expertos apelan a interpretar siempre los datos con cautela «porque pueden estar reflejando diferencias en las estructuras productivas, desajustes entre los criterios para regionalizar impuestos o problemas de medición de algunas variantes a nivel regional», como destaca el monográfico sobre la actividad irregular y el fraude fiscal en España dirigido por el catedrático gallego Santiago Lago y que acaba de publicar la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas). A pesar de las evidentes limitaciones, ponerle cifras «permite aproximar su magnitud e identificar sus determinantes». Dos razones nada despreciables después de una crisis que arrasó con la recaudación y obligó al sector público a buscar fondos debajo de las piedras para mantener el presupuesto. Incluso hay una tercera causa que invita a analizar la economía sumergida desde la óptica de las comunidades: en estados centralizados ayuda a distribuir territorialmente los recursos de la administración tributaria y en los descentralizados contribuye a evaluar la eficacia fiscal de cada región. Galicia siempre ha estado entre las áreas del país con más economía sumergida y el estudio de Funcas lo confirma. Roza el 23% de Producto Interior Bruto (PIB), alrededor de 12.400 millones de euros.

En los diferentes estudios que se han realizado hasta el momento sobre la envergadura de la actividad irregular en la economía española, Galicia figura en la parte alta de la tabla. Entre los territorios con mayor incidencia junto con Canarias. Otras dos comunidades, Castilla y León y Castilla-La Mancha, suelen aparecer también por encima de la media estatal. Cantabria y Cataluña, en cambio, habitualmente se sitúan con datos inferiores al del conjunto de España. Los análisis coinciden en que Madrid es la autonomía con menos economía sumergida.

A partir de la revisión de todas las mediciones publicadas, el informe coordinado por Santiago Lago estima que la economía sumergida supone en el país alrededor del 21,1% del PIB. En Galicia asciende al 22,8% con el promedio de los cálculos del periodo que va de 1987 a 2012. ¿Se notó la doble recesión? Aparentemente sí. Del 19,8% en 2004 pasó al 26,3% en 2009 y aligeró algo, al 25,6% del PIB, en 2012. Solo Canarias (26%) y Andalucía (23,3%) tienen promedios peores en la serie histórica.

«Puede que el mayor fraude sea el resultado de una gestión de la fiscalidad peor o, simplemente, de que en la comunidad haya más sectores en principio proclives al fraude», señala el análisis, que cita en ese grupo de actividades al turismo, al textil y a la agricultura.

Comunidades forales

Además de Madrid, las dos comunidades forales destacan entre las menos afectadas. En País Vasco el promedio de los cálculos alcanza el 16,5% de su PIB y el 18,8% en Navarra. «Este resultado es consecuencia de su estructura productiva y, quizá, una administración tributaria mejor o, al menos, que por ser más próxima al contribuyente tiene un conocimiento más profundo del mismo», argumentan David Cantarero, profesor de Economía Aplicada, e Ignacio Zubiri, catedrático de Ciencias Económicas, en una comparativa regional incluida en el informe de Funcas. «A esto hay que añadir -continúan- que los indicadores que sirven más frecuentemente como determinantes de la economía sumergida (presión fiscal y tasa de paro) son más bajos en las comunidades forales».

Al margen del método empleado y las diferencias entre ellos, todos concluyen que hay una «notable» diferencia del alcance de las actividades económicas paralelas a la realidad entre las comunidades. Por eso los expertos consideran «imprescindible» una «diversificación regional» de «la batería de medidas que se vayan a implementar en su contra».

 

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