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Empleo plantea utilizar toda la vida laboral para calcular las pagas y frenar su erosión

Faro de Vigo

 

La medida solo alcanzará esta meta si se aplica de forma voluntaria
Elevaría la pensión de los 47.000 gallegos mayores de 45 años en paro que perdieron su empleo con la crisis

La estabilidad laboral es un bien preciado pero en decadencia. Seis de cada diez trabajadores gallegos llevan al menos seis años en el mismo puesto de trabajo, pero todavía hay 47.400 trabajadores mayores de 45 años que perdieron su empleo con la crisis y no han encontrado otro. A ellos beneficiaría una medida planteada en la comisión del Pacto de Toledo: la pensión pasaría a calcularse con las bases de cotización de toda la vida laboral, no con los 21 últimos años como está en vigor a día de hoy. Un cambio rotundo del sistema público que tiene truco: solo si se aplica de manera voluntaria -y así lo han deslizado desde el Ministerio de Empleo- será beneficioso para todos los trabajadores gallegos. Si se aplica de manera obligatoria, como temen en la oposición y algunos expertos en demografía y cuentas públicas, elevará todavía más la brecha que existe hoy entre el último salario percibido por un empleado y su primera pensión como persona jubilada. Según los cálculos de la Comisión Europea, divulgados en el último informe Ageing Report, en 2060 la paga pública será de la mitad de la última nómina, lo que dejaría las pensiones gallegas en torno a los 650 euros mensuales (en 14 pagas).

Según fuentes del Congreso consultadas por FARO la propuesta lanzada por el Grupo Popular pasaría por eliminar los peores años de cotización de los trabajadores, aquellos en los que pudo haber estado en paro o sometido a un expediente de regulación. «Estamos pensando que pueda tenerse en cuenta, no los últimos años de cotización, sino incluso poder elegir durante toda la carrera laboral porque mejoraría la pensión futura», expuso la ministra Fátima Báñez. Pero no se ha concretado cuántos años se podrían tachar, aunque no podrán ser muchos para no disparar el coste del sistema. En 2017 el gasto en pensiones superó los 120.000 millones de euros (85.000 millones solo en las de jubilación), que equivale a cerca del 11% del Producto Interior Bruto (PIB). En Galicia la nómina rebasó los 8.100 millones, lo que supondría un desembolso -de no haber caja única de la Seguridad Social- del 14% del PIB. Frente a esto está el problema de los ingresos porque aunque España ganó más de medio millón de cotizantes en 2016 (+3,13%), la recaudación por IRPF en el mismo ejercicio solo repuntó en una décima. En Galicia hubo un retroceso en el mismo impuesto del 0,2% pese a que ganó en el mismo periodo más de 20.000 cotizantes.

De momento el mensaje desde Madrid se ha dirigido a ese grupo de personas que han ido perdiendo ingresos conforme se acercaban a la edad del retiro, lo cual no es una tónica general. Por ejemplo, en 2016 el salario medio de los mayores de 56 años fue de 23.520, un 60% más elevado que el de los que se acaban de incorporar al mercado (26 a 35 años). Y la diferencia no es de ahora, aunque se ha ensanchado respecto a los años precrisis. En 2008 los seniors cobraban un 50% más que los novatos, pero los nuevos empleos están peor remunerados y los que han mantenido su empleo han ido ganando en muchos casos pluses de antigüedad y conservando mejores nóminas. Aunque el futuro llama a la puerta, porque seis de cada diez convenios firmados el año pasado ya no incluían la cláusula de antigüedad.

«El enorme problema que existe es de ingresos, así que hay que cambiar esta política», incidió Yolanda Díaz, vocal en la Comisión del Pacto de Toledo. La diputada gallega teme que la voluntariedad de la propuesta popular se convierta en «imposición» por vía de la negociación colectiva. También se pronunció ayer el líder socialista, Pedro Sánchez, para quien el sistema público de pensiones se sostiene aumentando los salarios y no ampliando el cálculo de la pensión a toda la vida laboral.

 

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