Alcoa: su compra temporal por el Estado es posible
[Vía El Correo Gallego]
Aymerich afirma que no se trata de «nacionalizar», sino una adquisición pública que puede ser parcial
Mientras la mesa de seguimiento del Ministerio de Industria, que busca una solución a las plantas en venta de Alcoa de A Coruña y Avilés, recibe propuestas, el profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidade da Coruña (UDC), Carlos Aymerich, avala que es totalmente legal su adquisición temporal por parte de las administraciones públicas sin llegar a nacionalizar las factorías.
El documento, encargado por el sindicato CIG, fue presentado ayer a los medios informativos. Concluye que dicha compra de las fábricas es «conforme» al ordenamiento constitucional y legal español y también al derecho comunitario.
El autor del informe, que en 20 páginas recoge los antecedentes, los aspectos jurídicos -en especial el derecho comunitario- y las formas de adquisición, explicó que existen dos vías desde el punto de vista de la normativa de la UE: una compra en condiciones de mercado, que no exigiría una autorización previa por parte de la Comisión Europea, y otra, sin atender a esos condicionantes, pero que sería «una ayuda del Estado» y entonces sí requeriría el permiso.
En la primera de las situaciones dice que además de basarse en la rentabilidad económica de la operación, se debe incluir el contexto social, ambiental o sectorial y argumentar que es una inversión en un sector estratégico con beneficios económicos tanto a medio como a largo plazo. La otra opción sería considerada como una ayuda pública de reestructuración y precisaría la aprobación de un plan de actuaciones.
«No se aboga por nacionalizar sino porque haya una adquisición pública que puede ser parcial para garantizar la continuidad», precisó Aymerich, que recordó el caso de la planta de Alcoa en Portovesme, en Cerdeña, cuyo cierre se consumó a final de 2014 al no haber inversores. Pero su compra provisional por la Administración trasalpina propició que volviera a la producción de aluminio.
Para ello la nueva compañía y el Estado alcanzaron un acuerdo para poner en marcha la fábrica con una inversión de 135 millones de euros. De ellos, 86,1 fueron aportados por el Ministerio de Economía y otros ocho los añadió por la Región de Cerdeña. Además, Alcoa, por su parte, ofreció la colaboración técnica para reiniciar la actividad e invirtió otros 20 millones.