Acuerdo en el Pacto de Toledo para ligar las pensiones al IPC
Atlántico
La Comisión del Pacto de Toledo acabó ayer su reunión con el consenso de los grupos para establecer en su revisión de recomendaciones subidas de pensiones al ritmo de la inflación, e incluso por encima, en los años de crecimiento económico.
Sin embargo, la revisión de la segunda de las recomendaciones, la dedicada al poder adquisitivo y a la que los grupos han dedicado sus últimas reuniones, aún no está cerrada, ya que no existe consenso con qué hacer en los años de recesión.
Para estos años, la propuesta de varios grupos, como PP, Ciudadanos o PDeCAT, pasa por blindar el crecimiento de las pensiones más bajas con la inflación (las mínimas más aquellas que no superen un determinado umbral de renta), pero no extender este porcentaje de revalorización al resto de pensiones.
Desde estas posiciones, no descartaban que las subidas de pensiones pudieran ser mayores en años de bonanza económica con el fin de compensar a las pensiones más altas las menores revalorizaciones durante los años en dificultad.
“Incluso superior al IPC. Estamos de acuerdo con que sea superior. Si aplicamos esos criterios, en época de mucha bonanza, la economía va muy bien, los ingresos de la Seguridad Social son muy buenos y los salarios crecen por el IPC, ¿por qué no pueden crecer las pensiones por encima del IPC? Pero, lógicamente, hay que aplicarlo en caso contrario en caso de crisis”, explicó el diputado del PP José María Barrios.
PSOE, Unidos Podemos y Esquerra Republicana no comparten la distinción de renta y se aferran a la inflación. Todos ellos exigen que no haya distinción entre pensionistas en la revisión de recomendaciones, si bien desde los socialistas remiten a los acuerdos que vaya a alcanzar el Gobierno con las organizaciones sindicales y patronal. Un consenso que, según han acordado los grupos, y así se ha hablado para incluirlo incluso en la revisión de las recomendaciones, es “esencial”.
En todo caso, la recuperación de la inflación como referencia para subir las pensiones supondría acabar con la reforma de 2013, algo que a la salida de la Comisión reconocían entre las mismas filas de los ‘populares’, asegurando que el propio acuerdo de Presupuestos con el PNV, con subidas de las pensiones al 1,6% en 2018 y 2019 y firmado por el propio PP, finiquitaba la actual fórmula de revalorización.
En sus últimas reuniones, los grupos habían acordado avanzar en la búsqueda de una nueva fórmula, que tuviera el IPC como elemento “troncal” y que, incluyendo otros elementos como la evolución de la productividad, los salarios o el crecimiento económico, permitiera mantener el poder adquisitivo de las pensiones.
Las diferencias ahora pasan por qué hacer durante los años de dificultades, ya que la propuesta formulada hace varias reuniones por PNV y PDeCAT, que ha acercado a PP y Ciudadanos, no convence a PSOE y Unidos Podemos, pues supone distinguir subidas en función de la renta.
¿Fin de la reforma de 2013?
“Decir IPC llueva o no llueva es engañar a la gente”, esgrimió el ‘popular’ José María Barrios, que recordaba, al igual que Carles Campuzano (PDeCAT), que el Gobierno del PSOE tuvo que congelar las pensiones en 2010 ante la imposibilidad de revalorizarlas al ritmo de la inflación.
Para esos años, la propuesta es asegurar una revalorización con la inflación a determinadas pensiones hasta un determinado nivel de renta, pero establecer, a través de un método objetivo, subidas menores a las pensiones más elevadas.
Todo ello sin excluir la posibilidad, como ha señalado Campuzano, de compensar estas menores subidas en los años con mayor disponibilidad de recursos. De hecho, el PNV puso encima de la mesa en su momento un mecanismo plurianual para concentrar las mayores subidas de pensiones en años con mayor volumen de ingresos.
Todos los grupos coinciden en que deberán ser sindicatos y patronal quienes acuerden con el Gobierno los cambios en la revalorización y que la revisión de las recomendaciones del Pacto de Toledo debe ser lo “suficientemente abierta” como para que puedan establecerse fórmulas del gusto de cualquier formación, y en esto han hecho hincapié tanto los portavoces de PP como de Ciudadanos.
Desde el PSOE, su portavoz, Mercè Perea, señalaba que esta cuestión separaba a los grupos de un acuerdo, por lo que confiaba en que la distinción por niveles de renta para diferenciar revalorizaciones acabara “diluida” en las recomendaciones y no se incluyera finalmente.
Incluir una mención al respecto sería para la portavoz de Unidos Podemos, Aina Vidal, provocar que los pensionistas “se peleen para repartirse un trocito de pastel”. “Un debate es el de la revalorización y otro es el de la suficiencia”, dijo, contemplando la posibilidad de que hubiera subidas más amplias de pensiones en las más bajas, pero no a costa de rebajar las subidas del resto, sino con ingresos suficientes.