Noticias de Asime

• El sector muestra su preocupación por el bloqueo de la tramitación de proyectos eólicos en Galicia y alerta de un estado de inseguridad jurídica y del posible rechazo a nuevos inversores o promotores. Parece que es en Galicia en la única CCAA en la que órganos judiciales están actuando de esta forma.
• La paralización de los proyectos, proyectos que han seguido estrictamente los pasos y trámites establecidos en la Ley Ambiental y que han obtenido la autorización de los órganos competentes, podría ocasionar graves daños en el empleo y en las inversiones en parte de la cadena de valor del sector metal gallego.

Desde Asime, la patronal de las industrias del metal y tecnologías asociadas de Galicia, muestran su preocupación por la paralización judicial de varios proyectos eólicos en Galicia, generando inseguridad jurídica y alejando a posibles inversores industriales.

“Desde el sector tenemos un compromiso firme con el desarrollo de las energías renovables y con una industria limpia y descarbonizada. Ante este panorama de bloqueo en la tramitación de parques eólicos alertamos de una situación de máxima preocupación en toda la cadena industrial del metal y de la industria gallega en general, dado que la eólica que es una actividad tractora en la generación de empleo y riqueza para Galicia.”, declara Enrique Mallón, secretario general y portavoz de Asime.

En el criterio aplicado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que creemos no sigue estrictamente lo establecido en la Ley Ambiental, provoca un escenario de paralización judicial que genera perjuicios y daños irreparables en las empresas promotoras de energías renovables. “Debemos evitar que esta situación continúe y ponga en riesgo la posible caducidad de los permisos de acceso y conexión ya concedidos, o que las empresas se vean envueltas en el pago de penalizaciones millonarias por incumplimiento de contratos con tecnólogos y empresas constructoras. Es una situación de perjuicio e inestabilidad jurídica que no favorecería la atracción de inversores y capital a Galicia”.

Así mismo, muchas empresas se ven perjudicadas ante este escenario en donde el parón del sector eólico afecta también a otras industrias, como es el caso de proyectos de hidrógeno y de amoníaco o fabriles, ya anunciados, y que demandarán un gran consumo de energía nueva y renovable y que podrían peligrar si los desarrollos eólicos no se implantan en nuestra comunidad.

El TSXG parece que está aplicando un criterio diferente a lo establecido en la Ley Ambiental, sosteniendo que los informes sectoriales para la Declaración de Impacto Ambiental DIA deben obtenerse antes de iniciar el trámite de información pública, mientras que la ley lo que establece es que estos deben solicitarse simultáneamente. Así lo están haciendo en todas las comunidades autónomas.

También parece que quisiera basar sus autos de paralización de proyectos eólicos en indicios de afecciones ambientales sustentadas en periciales de los demandantes, dando prioridad a estos indicios frente a autos reglados como son las resoluciones administrativas firmadas por funcionarios y después de los informes favorables de distintos organismos. Parece que se le está dando mayor validez a las periciales de una parte que a una resolución administrativa con diversos informes sectoriales de distintas administraciones, incumpliendo de esa forma El Reglamento de la UE y la Recomendación de la Comisión sobre la aplicación del principio de precaución.

En materia económica y laboral, un único año de retraso en la tramitación de un parque eólico de 50 MW en Galicia puede tener un alto coste para la economía gallega y española y que podría impactar directamente en 450 empleos que se dejarían de generar, retrasando su creación o incluso que se podrían llegar a perder definitivamente en toda la cadena de valor.

Desde la patronal del metal urgen un desbloqueo de los proyectos paralizados y reclaman la creación de un entorno más favorable para la atracción de promotores e inversores a Galicia. La industria eólica es fundamental para cumplir con los objetivos marcados en materia energética para 2030 y para construir un tejido industrial gallego que permita a Galicia seguir siendo un polo referente en energías renovables.

Reiteramos desde el sector metal y sus tecnologías asociadas nuestra preocupación a la vista de las últimas resoluciones de paralización del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en relación con las autorizaciones de construcción de parques eólicos en Galicia. Esta judicialización de un sector clave en nuestra comunidad puede generar nefastas consecuencias en la actividad económica y con ello, en el empleo y en futuras inversiones. Debemos tener en cuenta que nuestro sector metal e industrial tiene una estrecha vinculación con este desarrollo de las energías renovables, tanto respecto a la creación de empleo como a la consecución de suministros energéticos con costes asumibles para nuestra industria, intentando evitar con ello fuga de inversiones y pérdidas de actividad industrial y de empleo.